La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, advirtió de las consecuencias que tendría para el país la no aprobación por parte del Congreso de la República del proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero.
Se trata del proyecto de ley 312/2025S y 463/2025C, que establece el régimen de decomiso y procedimientos aplicables en la lucha contra el contrabando, y que responde a la sentencia C-072 de 2025 mediante la cual la Corte Constitucional derogó el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto Ley 920 de 2023, con los que el Congreso dio facultades al Ejecutivo para expedir normas sancionatorias aduaneras. La Corte consideró que el Legislativo no puede otorgar facultades al Gobierno para expedir códigos completos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó una primera iniciativa en octubre del año pasado y con mensaje de urgencia.
Pero los gremios exportadores presentaron su propia iniciativa, por tanto, fue necesario acumular los dos textos en una sola iniciativa.
Esta propuesta conjunta fue aprobada el pasado 19 de mayo por las comisiones segundas económicas de Senado y Cámara, pero debe ser aprobada antes del 20 de junio entrante, cuando termina la legislatura.
“Resulta necesario y urgente que el proyecto de ley culmine su trámite en el Congreso, de manera que podamos contar con el tiempo suficiente para la sanción presidencial y publicación en el Diario Oficial antes del próximo 20 de junio. Este es el plazo inaplazable dado por la Corte Constitucional. De lo contrario, el país se enfrentará a un vacío constitucional que frenará las acciones de lucha contra el contrabando y de las prácticas irregulares en las operaciones de comercio internacional», advirtió el director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano.
El directivo dijo que el proyecto aprobado en primer debate es el resultado de un consenso entre gobierno, Congreso y gremios privados frente a la necesidad de contar con un régimen sancionatorio para hacerle frente al contrabando y el fraude, contribuyendo a la protección de la economía formal, la industria nacional y el interés general.
De hecho, el director de la Dian aseguró que “de no aprobarse este proyecto de ley, se abriría un escenario crítico para el país pues las liquidaciones oficiales, los decomisos y otros trámites valorados en más de $7 billones, tendrían que archivarse».
