Una preocupante modalidad de secuestro selectivo está afectando a empresarios y personas de alto perfil económico en el departamento del Valle del Cauca, según reveló un informe de la revista Semana. La estructura armada conocida como columna Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, ha diseñado un sofisticado esquema de engaño basado en supuestas transacciones comerciales.
A través de este método, los criminales contactan a sus víctimas y mantienen comunicaciones durante semanas por llamadas y mensajes de WhatsApp, simulando un lenguaje corporativo real, enviando cartas de intención con membretes falsificados e incluso utilizando números de identificación tributaria de sociedades existentes para ganarse la confianza de los negociantes antes de citarlos.
El perfil de los afectados corresponde principalmente a hombres de entre 45 y 65 años vinculados a sectores con alta movilidad de capital, como la construcción, la minería, la agroindustria y la maquinaria pesada. Muchos de ellos residen en otras regiones del país o en el exterior y viajan a la zona sin redes locales de apoyo, lo que facilita el accionar de los captores. Una vez que las víctimas llegan a la región, la intercepción se ejecuta con extrema rapidez en puntos estratégicos de alta afluencia de viajeros, como el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira o la terminal de transportes de Cali, impidiendo que puedan alertar a sus allegados.
Tras ser retenidos, los empresarios son trasladados a las zonas rurales y montañosas del municipio de Jamundí, un área compleja donde el grupo armado cuenta con corredores de movilidad que dificultan el acceso de la fuerza pública. Las exigencias económicas a las familias para la liberación de los secuestrados oscilan entre los $200 y $800 millones de pesos, dependiendo del perfil financiero que los delincuentes hayan estructurado previamente mediante labores de inteligencia. El reporte advierte que esta práctica ha venido en aumento desde finales de 2025 y que el temor a represalias genera un alto subregistro de casos, ya que varias familias optan por pagar el rescate y guardar silencio tras la liberación de sus seres queridos.
