La zozobra provocada por extorsiones y amenazas directas contra los docentes de la Institución Educativa Germán Gómez Peláez, en Puerto Libertador, obligó a una movilización institucional de emergencia para proteger la vida del cuerpo profesoral y frenar la parálisis académica.
En respuesta a las denuncias de la comunidad escolar, la Gobernación de Córdoba desplegó un frente común integrado por las secretarías de Educación e Interior, la Alcaldía local, la Policía Nacional, el Gaula y la Personería, enfocado en contener la presión de los grupos criminales mediante presencia en el territorio y medidas de seguridad reforzadas. Como acción prioritaria para salvaguardar a los maestros intimidados, la administración departamental elevó una solicitud urgente a la Unidad Nacional de Protección para que efectúe evaluaciones técnicas individuales de riesgo y determine el esquema de amparo requerido.
Entre tanto, las autoridades locales y la fuerza pública mantienen activas las rutas de atención psicosocial y judicial con el propósito de devolver la tranquilidad al plantel y asegurar la continuidad del calendario lectivo en esta zona del San Jorge.
