Este jueves, exactamente dos años después de la desaparición y el asesinato del ganadero sucreño Esteban Rafael Urueta González y de sus colaboradores Gerardo Marzola Coronado y Fredys Beleño Acosta, el sistema judicial apenas inicia el juicio oral por abigeato agravado contra Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés.
El expediente se centra en la presunta apropiación irregular de cerca de 700 reses que Petro Almanza administraba. El caso resume la lentitud que marca a la justicia colombiana: pese a la gravedad de los hechos y al impacto que el triple homicidio tuvo en Sucre y Córdoba, la etapa de juzgamiento por el robo de ganado recién empieza a dar sus primeros pasos.
El proceso ha estado atravesado por controversias procedimentales. En junio de 2025, Petro y Soto recuperaron de forma transitoria la libertad por vencimiento de términos, pero fueron recapturados apenas salieron de los centros carcelarios. Días atrás, la defensa volvió a invocar la misma figura para pedir su liberación. El juez de la causa rechazó la solicitud al constatar que las principales dilaciones del calendario judicial las promovieron los propios abogados defensores.
Entre las pruebas que presentará la Fiscalía figuran registros de cámaras de seguridad en San Pelayo, en los que se observa a los acusados coincidiendo en una estación de servicio durante días clave de la investigación.
En paralelo, este viernes 11 de septiembre se reanudará la audiencia preparatoria por homicidio agravado, hurto calificado, porte ilegal de armas y ocultamiento de material probatorio. Dos años después de una tragedia que conmocionó al gremio ganadero y al Caribe colombiano, la respuesta institucional sigue atrapada en debates de trámite. Las familias de las víctimas esperan un fallo que no se dilate más
