La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo siete años que padecía hemofilia A severa, ha desatado una ola de indignación nacional. No solo por las barreras burocráticas que le costaron la vida tras un accidente doméstico, sino por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quienes han sido señalados de «indolencia» al intentar trasladar la responsabilidad de la tragedia a la prevención familiar.
Kevin falleció el pasado 13 de febrero tras esperar días por un traslado a Bogotá y la entrega de medicamentos esenciales que la Nueva EPS actualmente bajo intervención del Gobierno no suministró a tiempo. Su madre, Katherine Pico, denunció que la respuesta de la entidad siempre fue la misma: «esperar a que hubiera un nuevo contrato».
Durante el Consejo de Ministros de este lunes, el presidente Petro sugirió que el riesgo pudo evitarse si al menor «no se le dejara subir a la bicicleta», atribuyendo el desenlace a una falta de educación preventiva en sectores con «niveles educativos deficitarios». Por su parte, el ministro Jaramillo reforzó esta línea al afirmar que los niños con esta condición deben tener actividades «restringidas».
Estas declaraciones han sido calificadas por organizaciones de pacientes como un acto de revictimización. Diego Gill, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, fue enfático al señalar que, si bien la hemofilia exige cuidados, la continuidad del tratamiento es obligatoria y su interrupción convierte cualquier incidente en un desenlace fatal previsible. Para la Federación, se trata de una «muerte potencialmente evitable»
El calvario de Kevin comenzó en Pitalito (Huila). Tras el accidente, pasó más de 24 horas esperando una autorización de traslado que se hundió en el papeleo administrativo. Cuando finalmente llegó al hospital La Misericordia en Bogotá, el daño cerebral era irreversible.
«Me lo demoraron mucho. Es una injusticia que sean así hasta con los niños», lamentó su madre, cuyo relato contradice la narrativa oficial de la prevención. Según Néstor Álvarez, presidente de Pacientes de Alto Costo, el caso de Kevin es apenas la punta del iceberg de una crisis sistémica en la Nueva EPS, donde la falta de medicamentos y la demora en las remisiones se han vuelto una sentencia de muerte cotidiana para pacientes crónicos.
