Los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda presentaron un contundente salvamento de voto de 52 páginas frente a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de acusar a cinco congresistas y encarcelar a dos de ellos por el escándalo de la UNGRD. En el documento, los togados cuestionan la solidez de las pruebas y califican de «especulación» los argumentos utilizados para estructurar el delito de cohecho y ordenar la detención de Wadith Manzur y Karen Manrique.
Para los magistrados disidentes, la investigación incurrió en un exceso al criminalizar la interacción natural entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sostienen que la gestión de recursos para proyectos regionales, conocida coloquialmente como «mermelada», es un mecanismo de negociación política amparado por la Constitución, siempre que busque satisfacer necesidades colectivas y no beneficios económicos particulares o de terceros.
El salvamento subraya que no se logró acreditar que los congresistas implicados hayan aceptado dinero o promesas remuneratorias a cambio de sus votos en la Comisión de Crédito Público. Según Reyes y Rueda, la labor parlamentaria navega en límites delgados entre lo amoral y lo penal, pero en este caso las pruebas no permiten asegurar que la selección de contratos respondiera a un cálculo de intereses privados.
Finalmente, los magistrados advierten que la decisión mayoritaria se aparta de la jurisprudencia previa y se basa en vestigios de una peligrosísima interpretación punitiva. Al considerar que no se establecieron con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto pacto criminal, consideran que la medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique carece del soporte jurídico necesario para privarlos de la libertad.
