Los laberintos burocráticos del sistema de salud colombiano volvieron a ensombrecer el panorama asistencial en el departamento de Córdoba, donde las barreras contractuales continúan imponiéndose sobre el derecho fundamental a la vida. El caso más reciente, que ha encendido las alarmas en el municipio de Planeta Rica, involucra a una mujer de 94 años con antecedentes de diabetes e hipertensión, cuya atención médica especializada quedó suspendida en el limbo debido a la sorpresiva finalización de un acuerdo comercial entre su entidad aseguradora y un centro clínico de la región.
La odisea de la paciente comenzó en la clínica Amigos de la Salud, donde médicos cirujanos le amputaron un dedo del pie a raíz de las complicaciones propias de sus patologías. Aunque fue dada de alta para continuar la recuperación en su hogar, la herida postoperatoria sufrió una infección severa pocos días después, obligando a sus familiares a ingresarla de urgencia en el Hospital San Nicolás de Planeta Rica. Tras ser estabilizada por el cuerpo médico local, los profesionales ordenaron su remisión inmediata de regreso a la clínica de origen para que recibiera un manejo especializado por la complejidad de su cuadro clínico.
Sin embargo, el traslado médico se estrelló contra un muro administrativo. Al llegar al centro asistencial, la adulta mayor no fue admitida bajo el argumento de que el contrato vigente entre la EPS Cosalud y la IPS Amigos de la Salud había expirado. Esta negativa forzó una nueva y agónica búsqueda de cupo en otra institución, reviviendo el fantasma del denominado «paseo de la muerte», una práctica expresamente prohibida por la legislación nacional pero que sigue manifestándose cuando los conflictos financieros entre aseguradores y prestadores de servicios terminan trasladándose de forma directa a las camillas de los enfermos.
El incidente ha reabierto un debate estructural en Córdoba sobre la vulnerabilidad de los usuarios en los municipios apartados, quienes con frecuencia enfrentan demoras en autorizaciones, escasez de camas y falta de especialistas. Expertos en legislación sanitaria recordaron que ninguna entidad puede negar la atención inicial de urgencias ni desamparar a un paciente en estado crítico por disputas de contratación. Mientras los familiares de la afectada exigen una investigación formal y garantías para que la salud no dependa de un trámite de oficina, las autoridades del sector y la Superintendencia Nacional de Salud evalúan los hechos para determinar las sanciones correspondientes por esta presunta vulneración del servicio.
