El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Quinta de Decisión Civil, Familia y Laboral, confirmó una sentencia que ordena a la Gobernación pagar una millonaria suma por la vulneración de los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos del programa.
La decisión se centra en el operador del PAE durante 2022: la Fundación Social Construyendo Vidas. Según el fallo, esa entidad incumplió el pago completo de salarios y prestaciones sociales a las trabajadoras.
Los expedientes del proceso revelan que las manipuladoras recibían apenas 300.000 pesos mensuales, sin el reconocimiento de primas, vacaciones, cesantías ni intereses a las cesantías.
Pese a ello, esos conceptos presuntamente sí eran cobrados a la Gobernación dentro de la ejecución del contrato.
La sentencia también reabre interrogantes sobre los mecanismos de control. Se cuestiona el papel de la interventoría y de los supervisores encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, y cómo se certificó la correcta ejecución del contrato a pesar de las irregularidades detectadas.
