A petición del presidente Daniel Ortega, el Congreso de Nicaragua votará durante la primera semana de agosto un conjunto de reformas legales diseñadas para impedir definitivamente la participación de los partidos de oposición en los procesos electorales del país. Según declaraciones de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, los parlamentarios y los magistrados electorales coordinan los detalles normativos para afianzar el control oficialista y cerrar cualquier vía a injerencias externas o a sectores contrarios al régimen sandinista.
Esta iniciativa legislativa se alinea con la retórica de Ortega, quien durante la conmemoración del 47° aniversario de la revolución sandinista en Managua descartó la posibilidad de que sus rivales políticos retornen al poder mediante el voto popular. El gobernante, de 80 años y con una permanencia continua en la jefatura de Estado desde 2007, argumentó que las medidas buscan frenar las intenciones de grupos que califica de afines a intereses extranjeros.
En respuesta a estos acontecimientos, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su firme rechazo a la intensificación del cerco sobre las libertades civiles y políticas en la nación centroamericana. El funcionario de la ONU instó al Gobierno nicaragüense a restituir las garantías del Estado de derecho, liberar a los detenidos arbitrariamente y permitir que cualquier ciudadano, independientemente de su ideología política, pueda votar y postularse a cargos públicos.
Asimismo, Türk manifestó su preocupación por el incremento de las acciones contra la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas. Entre los casos señalados figura la detención del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, efectuada el pasado 29 de junio, sobre cuyo estado y paradero actual no existe información oficial, lo que ha llevado al organismo internacional a reiterar su llamado al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
