«La Jueza Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández, quien es investigada disciplinariamente, firmó la libertad del cerebro de Centros Poblados. La decisión contrasta con la gravedad señalada por un juez de Bogotá».
El polémico contratista Emilio Tapia, sentenciado por su participación en el desvío de $70.000 millones de Centros Poblados y el carrusel de la contratación de Bogotá, ha recobrado su libertad condicional por segunda vez en el año, desatando una nueva controversia judicial.
La orden fue emitida el pasado 12 de diciembre por la Jueza Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, basándose en que Tapia ya habría cumplido las tres quintas partes (3/5) de su pena. Tapia cumple una condena de seis años y cuatro meses (76 meses) por Centros Poblados, aunque un despacho de Bogotá le acumula fallos por 145 meses.
La decisión genera especial polémica debido a que la jueza Fernández Castellón ya está siendo investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades. En abril pasado, la misma funcionaria le había concedido la prisión domiciliaria, y es señalada de supuestamente dilatar la orden de recaptura posterior, la cual se cumplió 20 días después de ser emitida.
Se espera que esta nueva decisión de libertad condicional también sea objeto de indagación disciplinaria.
La controversia radica en la interpretación de la pena. Si bien las tres quintas partes de la pena acumulada (145 meses) equivalen a 87 meses, y Tapia ya habría cumplido más de este tiempo al 11 de abril, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ha advertido que el caso de Tapia no puede ser analizado únicamente bajo el prisma del garantismo procesal.
En octubre pasado, dicho despacho había concluido que la conducta de Tapia fue considerada «extremadamente grave» por afectar la transparencia de la Administración Distrital y por socavar ostensiblemente las arcas públicas.
«Se afectó seriamente la transparencia de las ‘altas esferas’ de la Administración Distrital, se socavaron ostensiblemente las arcas del Distrito, ocasionándose el mayor descalabro de que se tenga noticia en la contratación distrital,» señaló el juez al ordenar su recaptura, indicando que el rol de Tapia en un escándalo de corrupción de esas dimensiones debía ponderarse para generar escarmiento social.
La liberación de Tapia, quien fue recapturado apenas el pasado 31 de octubre, reabre el debate sobre la aplicación de beneficios judiciales a condenados por graves crímenes de corrupción en Colombia.
