La estabilidad en la cúpula de la Fiscalía General de la Nación vuelve a estar en vilo. El Consejo de Estado, a través de su Sección Cuarta, admitió formalmente una acción de tutela que cuestiona la legalidad del proceso mediante el cual Luz Adriana Camargo llegó al cargo más importante del ente acusador.
La demanda, interpuesta por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, revive un debate técnico que rodeó la votación del pasado 12 de marzo en la Corte Suprema de Justicia. El argumento central es que, al momento de la elección, la terna ya no existía jurídicamente.
Según el recurso, la renuncia de la aspirante Amelia Pérez Parra, minutos antes de la votación, obligaba legalmente a suspender el proceso. El demandante sostiene que la Corte debió solicitar al presidente Gustavo Petro la recomposición de la terna antes de proceder con el sufragio que terminó dándole 18 votos a Camargo.
Más allá del vacío administrativo, la tutela admitida por la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez lanza dardos directos contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El texto sugiere una presunta
«desviación de poder», argumentando que existieron supuestos sesgos y prejuicios contra las otras candidatas, Ángela María Buitrago y la renunciante Amelia Pérez, inclinando la balanza de manera irregular.
Con la admisión de esta tutela, el Consejo de Estado entra en una fase de análisis de fondo. Aunque en primera instancia la Sección Quinta había blindado la elección, este nuevo movimiento procesal abre la puerta a una revisión constitucional que podría:
1. Ratificar el nombramiento, cerrando definitivamente la controversia.
2. Anular la elección, lo que sumergiría a la Fiscalía en una nueva interinidad y obligaría a repetir el proceso desde la Casa de Nariño.
Por ahora, Luz Adriana Camargo permanece en su cargo, pero con la sombra de una revisión judicial que determinará si su llegada al búnker cumplió con todos los requisitos de la Carta Magna.
