El entramado de corrupción por el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 ha dado un giro determinante tras la concesión del principio de oportunidad a Diego Alejandro Manrique, exasesor del Ministerio de Defensa. Manrique, el primer procesado en aceptar su responsabilidad, confesó que el contrato fue direccionado deliberadamente hacia la empresa estadounidense Vertol Systems Company, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos técnicos, financieros ni jurídicos.
La colaboración de Manrique no solo ratifica las investigaciones contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez y el exdirector de logística Herbert Buitrago, sino que expande el círculo de presuntos implicados. El testigo entregó pruebas y testimonios que vinculan a otros cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa: María Camila Cardona (profesional de defensa), Judith Stella Garzón (asesora), Daniel Jiménez Fandiño y Mónica Janeth Nariño (asesores del despacho del Viceministerio). Según la Fiscalía, estos servidores habrían tenido conocimiento directo de las irregularidades para dar apariencia de legalidad al millonario contrato.
