Una grave controversia sacude al departamento del Tolima tras conocerse denuncias que señalan a contratistas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) de haber contratado a dos campesinos para quemar una parcela con el propósito de inculparlos posteriormente como supuestos pirómanos. El caso, que ha provocado un profundo rechazo entre comunidades agrarias y sectores políticos opositores, involucra a trabajadores rurales a quienes se les encomendó dicha labor —una práctica habitualmente empleada en el campo para el acondicionamiento de tierras o el despeje de residuos vegetales—, solo para terminar judicializados y detenidos bajo cuestionables procedimientos que enturbian la transparencia institucional. La situación escaló al plano político debido a señalamientos que vinculan a los contratistas implicados con la Gobernadora del Tolima, a quien se le atribuye estar detrás de la presunta operación, poniendo en tela de juicio los nexos entre las autoridades ambientales, la administración departamental y los habitantes del área rural.
