Una nueva tormenta jurídica envuelve a la administración municipal de Tierralta. En el corregimiento de Batata, una inversión que supera los 6.100 millones de pesos para la construcción de dos puentes se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la propietaria del predio «Puerto Rico» denunciara que las obras se levantan en su terreno sin mediar ningún proceso legal de adquisición.
La denunciante, Adriana Isabel Gómez Echenique, sostiene que el municipio nunca notificó un acto administrativo de utilidad pública, expropiación o servidumbre. Según un estudio topográfico independiente, las estructuras atraviesan cerca de 5.970 metros cuadrados de su finca, afectando su patrimonio sin que exista, hasta la fecha, una respuesta clara por parte de la Alcaldía
El caso toma un tinte polémico debido a las respuestas que ha recibido la afectada. Según Gómez Echenique, la Secretaría de Planeación —encargada de la estructuración técnica del proyecto— habría evadido su responsabilidad trasladando la carga del problema a la Secretaría de Infraestructura.
«No se me convocó ni se me notificó… el proyecto avanza desconociendo la propiedad privada con recursos públicos», asegura la propietaria en sus acciones judiciales.
Esta zona ya cuenta con un historial de conflictos similares, pues en el pasado se construyó un colegio en el mismo predio bajo cuestionamientos parecidos. La obra actual, adjudicada al Consorcio Puentes B&T 2025, pone ahora al alcalde Jesús David Contreras frente a posibles investigaciones penales y disciplinarias, ya que el uso de erario público en terrenos particulares sin el debido proceso legal constituye una grave irregularidad administrativa.
