El senador de la República, Antonio José Correa Jiménez, emitió un vehemente comunicado a la opinión pública en defensa de su buen nombre y honra, rechazando de manera tajante los señalamientos proferidos en su contra por Raúl Montes. De acuerdo con el congresista, dichas afirmaciones constituyen un ataque directo, injustificado y carente de sustento fáctico, el cual calificó como una estrategia sistemática de desinformación diseñada para desviar la atención del escrutinio público sobre las actividades ilícitas que él mismo ha venido investigando y denunciando ante las autoridades competentes.
En el documento, Correa enfatizó que su labor de control político se enmarca estrictamente en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, amparadas por la Ley 5 de 1992 y jurisprudencia de la Corte Constitucional. El legislador reveló que sus investigaciones han puesto en evidencia un entramado de corrupción y criminalidad que involucra a más de 30 empresas de seguridad privada, cuyas licencias han sido canceladas debido a sus vínculos con actividades delictivas y organizaciones que utilizan fachadas corporativas para operar en el país.
El senador informó que estas actuaciones y el material probatorio recopilado han sido debidamente presentados ante entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además de haber sido expuestos bajo reserva legal en las comisiones segundas del Senado y en la comisión de inteligencia y contrainteligencia durante los años 2024, 2025 y 2026. Asimismo, señaló que todo el acervo probatorio fue puesto a disposición de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECOC), advirtiendo que, debido a la alta peligrosidad de las estructuras denunciadas, tanto él como su núcleo familiar se encuentran bajo un riesgo inminente y han sido objeto de amenazas y persecuciones sistemáticas.
Finalmente, Correa desmintió rotundamente pertenecer o haber pertenecido a alguna estructura criminal, así como haber proferido amenazas o presiones contra cualquier ciudadano, asegurando que las acusaciones de Montes solo buscan criminalizar el ejercicio legítimo de sus funciones legislativas. Tras anunciar que ya instauró denuncias penales por los delitos de injuria y calumnia contra Raúl Montes, el congresista manifestó su plena confianza en la administración de justicia para el esclarecimiento de la verdad y advirtió que cualquier acción o declaración legal posterior se realizará exclusivamente ante las autoridades pertinentes.
