La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación jurídica de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”, máximo cabecilla de una de las disidencias de las FARC. Según la alta funcionaria, sobre el líder guerrillero pesan graves investigaciones por delitos que incluyen terrorismo, instalación de minas antipersonal y el homicidio de un líder social.
Estas revelaciones han intensificado la controversia en torno a su estatus en la mesa de diálogos de la “Paz Total”. Pese a actuar como negociador oficial, los reportes de inteligencia sugieren que bajo su mando se mantienen actividades criminales activas, lo que plantea una contradicción entre su discurso de paz y sus acciones en el territorio.
El ente acusador cuenta con evidencias que vinculan a la estructura de “Calarcá” con ataques sistemáticos contra la población civil y el reclutamiento forzado de menores. Ante la gravedad de los hallazgos, diversos sectores han solicitado a la Fiscalía y al Gobierno Nacional la reactivación inmediata de sus órdenes de captura, argumentando que la suspensión de estas no debería ser un «cheque en blanco» para seguir delinquiendo.
Este escenario abre un complejo debate nacional sobre la viabilidad de los diálogos actuales. Mientras el Gobierno busca mantener las vías de negociación, los hallazgos de la Fiscalía ponen en duda el compromiso real del grupo armado, forzando una disyuntiva: mantener las garantías para el diálogo o priorizar la acción de la justicia ante la continuidad de los crímenes.
