La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Según el ente acusador, las denuncias no contaban con pruebas que las respaldaran y se basaban en rumores sin fundamento.
La decisión fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, y quedó consignada en una resolución de 47 páginas fechada el 12 de noviembre de 2026. El archivo se fundamentó en la causal de inexistencia del hecho, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. El documento señala que “no es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal”.
Contexto.
El caso se remonta a una denuncia presentada en 2012 por el propio Uribe (entonces senador) contra Iván Cepeda, a quien acusó de haber recolectado entrevistas de exparamilitares —entre ellos Pablo Hernán Sierra García, alias “Alberto Guerrero”, y Juan Guillermo Monsalve— asumiendo funciones propias de la Fiscalía. En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Cepeda y compulsó copias para indagar a Uribe por presunta manipulación de testigos. Tras la renuncia de Uribe al Senado, la competencia pasó a la Fiscalía.
En este expediente, Cepeda figuraba como víctima. Se investigaban supuestas presiones y pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus testimonios o declararan en contra del senador, en relación con los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas.
