Con el objetivo de garantizar la transparencia y atender de manera inmediata las posibles irregularidades durante la jornada de votación de este 31 de mayo, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional de investigación y judicialización penal. El plan institucional está diseñado para perseguir de forma prioritaria los delitos electorales, los ataques informáticos, las amenazas contra candidatos u otros actores políticos, así como cualquier anomalía relacionada con la financiación ilegal de las campañas electorales en el país.
El despliegue operativo contempla la presencia de fiscales, investigadores y servidores de policía judicial articulados en las 35 seccionales del territorio nacional, quienes tendrán la responsabilidad de recibir las denuncias de la ciudadanía e iniciar investigaciones de oficio antes, durante y después del certamen democrático. Esta estrategia se ejecuta bajo el amparo de las resoluciones 016 y 047 expedidas en febrero de 2026, normativas que establecieron medidas transitorias y reforzaron el abordaje judicial frente a los ciberataques que pretendan alterar el normal desarrollo de los comicios.
Para asegurar la efectividad de la jornada, un contingente de 5.600 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estará disponible en todo el país de cara a adelantar actos urgentes, recolectar material probatorio y dar soporte técnico a los casos que se presenten. Asimismo, la Sección de Análisis Criminal de la entidad mantendrá un monitoreo permanente las 24 horas del día, un seguimiento técnico enfocado en detectar patrones delictivos y evaluar los contextos de riesgo en cada región para facilitar una respuesta institucional oportuna ante cualquier conducta ilícita.
