La Fiscalía General de la Nación dictó un nuevo rumbo en el panorama judicial y político del país al imputar cargos a Juliana Guerrero por su presunta responsabilidad en la utilización de títulos académicos falsos.
La diligencia, que pone bajo la lupa los documentos que la exfuncionaria presentó durante su postulación al cargo de viceministra de Juventud, se centra en los delitos de fraude procesal e inconsistencias graves en la acreditación de su formación profesional. Durante la audiencia pública, el ente acusador expuso un robusto material probatorio que señala que dichos diplomas fueron incorporados a los registros oficiales de la administración pública a pesar de que Guerrero no cumplió con los requisitos académicos obligatorios para su expedición legal.
La controversia, que inicialmente estalló como un debate político tras denuncias en medios sobre presuntos «carteles de títulos» entre funcionarios y contratistas del Estado, escaló formalmente a los estrados judiciales. En esta misma línea de investigación, las autoridades vincularon al proceso a un exdirectivo de la institución educativa encargada de emitir los diplomas, quien es señalado de facilitar la expedición irregular de los documentos.
Por su parte, la defensa de la exaspirante a viceministra rechazó tajantemente los señalamientos de la Fiscalía, y la propia Guerrero se declaró inocente al no aceptar los cargos formulados en su contra. Con esta imputación, el proceso avanza hacia la etapa de recolección final de pruebas, donde un juez de la República definirá si el caso tiene los méritos suficientes para llegar a un juicio formal.
