El panorama judicial del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dio un giro definitivo este lunes 9 de febrero. La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud para imputarle cargos por dos procesos penales que avanzan en su contra: la presunta violación de topes electorales en la campaña «Petro Presidente» y un posible tráfico de influencias.
El ente acusador basa su solicitud en hallazgos que vinculan a Roa con irregularidades financieras durante su etapa como gerente de campaña en 2022. Según las pesquisas, se habrían excedido los límites de financiación por una cifra superior a los $5.000 millones de pesos.
Por otro lado, la Fiscalía indaga la compra de un apartamento en el exclusivo sector del Museo del Chicó, en Bogotá. El inmueble habría sido adquirido por un valor inferior al comercial a un empresario extranjero, lo que, según las autoridades, podría estar relacionado con favorecimientos posteriores en contratos con la estatal petrolera.
Pese a la gravedad de los cargos, la Fiscalía confirmó que no solicitará medida de aseguramiento (prisión preventiva) contra el funcionario. Sin embargo, el anuncio pone en jaque la estabilidad administrativa de Ecopetrol y reabre el debate nacional sobre la idoneidad de Roa para continuar liderando la compañía más importante del país.
