Un fuerte debate jurídico se desató en la reanudación de las audiencias preliminares contra el reconocido cantante de reguetón Blessd (Stiven Mesa Londoño), su productor Dímelo Jara (Sebastián Jaramillo Morán) y otros dos implicados, procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado.
Durante la diligencia de este viernes 12 de junio, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente a la jueza 17 penal municipal de Medellín que imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los imputados. Para respaldar la urgencia y proporcionalidad de la prisión, la fiscal del caso no solo se basó en la denuncia del imitador de Ozuna, Andrés Felipe Sánchez, sino que sumó un segundo expediente de 2024 por hechos similares ocurridos tras la grabación de un video musical, donde las víctimas denunciaron haber sido retenidas, golpeadas y obligadas a entregar contraseñas por hombres armados.
La solicitud de enviar a la cárcel a los artistas fue respaldada de manera rotunda por el abogado de la víctima; sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando intervino el representante de la Procuraduría General de la Nación. El delegado del Ministerio Público se opuso a la detención intramural y pidió, por el contrario, una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
El funcionario argumentó que, a pesar de estar certificadas las agresiones e intimidaciones, la conducta investigada no configuraría el delito de secuestro extorsivo imputado por el ente acusador, sino el de constreñimiento ilegal, lo que abrió una honda discrepancia que ahora deberá resolver la jueza de control de garantías.
