La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de una medida de aseguramiento intramural contra el exdiputado Nicolás Fernando Petro Burgos, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados.
Durante la audiencia, la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde expuso un hecho que calificó de «extraordinario» y que compromete la integridad del proceso: el presunto acceso irregular a información clasificada y reservada por parte de Petro.
La fiscal Laborde reveló que el 10 de septiembre de 2025 llegó a su despacho un poder firmado por Nicolás Petro, un documento que no debía ser remitido a su oficina y, crucialmente, hacía referencia a una noticia criminal en la que el exdiputado aún no figuraba como vinculado.
«¿Cómo obtuvo el señor Nicolás Petro la información sobre esta noticia criminal?», cuestionó la fiscal, indicando que para remitir dicho documento era necesario conocer los números internos de radicado, información que es estrictamente confidencial y no pública.
La Fiscalía concluyó que, al parecer, una persona ajena a la institución ayudó a Petro a obtener datos privilegiados, lo que motivó la solicitud de medida de aseguramiento para proteger el desarrollo del proceso judicial.
