La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta de la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil en el cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. El fallo judicial tumbó el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026 expedido por el Consejo Superior Universitario, tras comprobar que el candidato incumplió los requisitos habilitantes de experiencia académica en educación superior exigidos por la normativa interna de la institución. Las normas aplicables exigen un lustro mínimo de ejercicio docente universitario, pero el directivo solo acreditó cuatro años y diez meses al cierre de las inscripciones, además de aportar certificaciones inválidas de una entidad sin categoría de educación superior.
Este descalabro institucional evidencia el fracaso sistemático de los Consejos Superiores Universitarios en la selección transparente de directivos, pues habilitan aspirantes sin el cumplimiento estricto de los requisitos legales para favorecer intereses burocráticos particulares. La decisión del alto tribunal expone la complicidad de las instancias electorales internas al validar perfiles deficientes y vulnerar los principios meritocráticos que deben regir la academia pública. Semejante nivel de improvisación administrativa corrompe la gobernanza de las universidades estatales y sumerge a la comunidad estudiantil en una zozobra permanente mientras la politiquería corroe el erario educativo.
