A través de un contundente pronunciamiento público, la Fundación Cordoberxia manifestó su rechazo categórico y férrea oposición al establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta, Córdoba. El inicio de esta zona de concentración para los combatientes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, oficializada mediante la Resolución 471 de diciembre de 2025, coincide con alarmantes denuncias sobre la génesis del proceso. La organización defensora de derechos humanos aclaró que su postura no es una negativa caprichosa a la construcción de paz, sino una acción en legítima defensa de un territorio que históricamente ha sufrido el rigor de la violencia.
La principal preocupación de Cordoberxia radica en la opacidad de los diálogos sostenidos entre el gobierno de Gustavo Petro y la estructura criminal, sacados a la luz por audios inéditos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Según la ONG, las evidencias demuestran acuerdos bilaterales que carecen de transparencia y que vulneran la participación social efectiva, priorizando concesiones en mesas internacionales por encima del clamor de seguridad de los habitantes de Córdoba. Asimismo, advierten que, pese a que la normativa promete la vigencia del Estado social de derecho, concentrar a cientos de efectivos armados bajo coordenadas geográficas de «carácter reservado» y sin veedurías comunitarias robustas amenaza la soberanía local, arriesgando el control fáctico de las áreas rurales y recordando dolorosos episodios del pasado regional como el fenómeno de la «Parapolítica» gestado en Santa Fé de Ralito.
Ante el riesgo inminente de una paz sin garantías reales, la fundación formuló exigencias puntuales a diferentes instancias. Al Gobierno Nacional le solicitó suspender de inmediato la implementación de la ZUT hasta que se esclarezcan por completo las presuntas irregularidades y audios del proceso de negociación. Paralelamente, instó al Consejero Comisionado de Paz y a los organismos de verificación, como la MAPP/OEA, a transparentar los compromisos adquiridos y abrir diálogos vinculantes con la sociedad civil cordobesa. Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que ejerza una estricta veeduría que impida el intercambio de los derechos de las víctimas por acuerdos de impunidad, enfatizando que el departamento no puede ser el laboratorio de experimentos diseñados desde la opacidad y exigiendo un desarme con total transparencia y sometimiento real a la justicia.
