Una investigación de la Fiscalía y revelaciones de La Silla Vacía han puesto bajo la lupa un contrato de $33 mil millones firmado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en junio de 2025. El convenio, destinado a la seguridad alimentaria en el Caribe, fue adjudicado de manera directa y en un tiempo récord de 24 horas a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), organización señalada por el Gobierno Nacional como uno de los «contratadedos» que presuntamente direccionan recursos de regalías.
El contrato fue gestionado durante la transición de salida de Gustavo Bolívar de la dirección de la entidad. Según el ente acusador, las exfuncionarias Jeraldin Vera Ortiz (exdirectora de Soberanía Alimentaria) y Diana Carolina Martínez (exsecretaria general), habrían omitido alertas de planeación para beneficiar a Aremca «a dedo», evitando una licitación pública. A pesar de los ruidos de corrupción que ya pesaban sobre la asociación desde 2024, el DPS le entregó un anticipo de $9 mil millones, recursos que hoy están en vilo pues el proyecto no se ha ejecutado.
La situación judicial se complica para Diana Carolina Martínez, a quien la Fiscalía le imputará cargos por las presuntas irregularidades en este negocio. Actualmente, Martínez se desempeña como asesora en RTVC, entidad que ha sido cuestionada por omitir el nombre de su funcionaria al reportar el entramado de corrupción de Aremca.
