Tras la decisión judicial que ordena suspender de manera provisional las operaciones aéreas ofensivas en zonas con presencia de menores reclutados por grupos ilegales, el Gobierno reaccionó con dureza. El pronunciamiento advirtió que la medida establece un estándar de amplitud extraordinaria bajo el concepto de información «razonablemente verificable», lo que en la práctica dejaría abierto el camino para que cualquier indicio o fuente invalide la acción militar.
«Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria.¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos.
Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos.Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. «, escribió Rodrigo Lara en la red social X.
Desde la perspectiva oficial se señaló que, en un escenario donde las estructuras criminales instrumentalizan a los menores, un criterio tan abierto equivale a prohibir de forma directa los bombardeos y se convierte en un «incentivo perverso» que otorga inmunidad territorial a los «narcoterroristas».
Ante este panorama, Rodrigo Lara anunció a través de su cuenta en X que la administración apelará la determinación judicial al calificarla como un «fallo absurdo e inconstitucional».
