En audiencia ante la Corte Constitucional, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el sistema cuenta con recursos suficientes y señaló directamente a las fallas en el modelo de intermediación de las EPS como la causa del desequilibrio.
En un giro determinante dentro del debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social desmintió ante la Corte Constitucional que exista una insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Durante una audiencia técnica por presunto desacato en el ajuste de estos recursos, el jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó de manera categórica que el problema de fondo no es la falta de dinero, sino una «pésima administración» del modelo actual.
Para sustentar su postura, el Ministerio presentó cifras que muestran un fortalecimiento presupuestal sin precedentes. Según el informe oficial, entre 2022 y 2026, la UPC reconocida pasó de $75,4 billones a $96,4 billones, lo que representa un crecimiento real del 28%. Este aumento se traduce en más de $21 billones adicionales destinados a la salud de los colombianos en apenas cuatro años.
«No es cierto que exista una insuficiencia. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro», subrayó Jaramillo, añadiendo que el presupuesto general del sector salud también experimentó un alza del 51,4% en el mismo periodo.
A pesar de la inyección de capital, el panorama en los hospitales y clínicas sigue siendo crítico, con deudas crecientes y falta de oportunidad en la atención. Para el Gobierno, esta paradoja tiene una explicación clara: las fallas estructurales de las EPS.
El ministro cuestionó el destino de los recursos una vez ingresan al sistema, mencionando que organismos de control han identificado más de $15 billones sin trazabilidad clara. Jaramillo comparó la situación con «llenar un saco roto», advirtiendo que seguir aumentando el valor de la UPC sin corregir la gestión del riesgo y la integración vertical sería fiscalmente ineficiente.
Uno de los puntos más álgidos de la intervención fue la crítica al uso de indicadores de siniestralidad financiera por parte de las EPS para pedir más recursos. El ministro aclaró que estos índices no miden si la UPC es suficiente, sino qué tan eficientes son las entidades en su labor administrativa.
«El país no puede seguir discutiendo únicamente cuánto dinero se asigna al sistema, sino cómo se administra, quién lo gestiona y por qué no está llegando de manera oportuna y efectiva a los pacientes», concluyó el alto funcionario
Con esta comparecencia, el Ministerio de Salud ratifica su intención de transformar el modelo hacia uno donde los recursos lleguen directamente a los territorios y a la red prestadora (pública y privada), eliminando las distorsiones causadas por la asimetría de información y el manejo opaco de los fondos públicos.
La Corte Constitucional ahora deberá evaluar estas evidencias técnicas para determinar el futuro de los ajustes financieros que reclaman diversos sectores del sistema de salud.
