Ante la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el sismo que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, con el fin de blindar el empleo y proteger los ingresos de los trabajadores damnificados.
Entre las medidas adoptadas, el Ejecutivo implementó un alivio financiero dirigido a las micro y pequeñas empresas afectadas, consistente en un subsidio equivalente al 40 % de un salario mínimo por cada trabajador damnificado que devengue entre uno y dos salarios mínimos.
Asimismo, la normativa contempla una transferencia extraordinaria por única vez, cercana a los 875.000 pesos mensuales, destinada a apoyar a aquellos trabajadores dependientes e independientes cesantes que cumplan con los requisitos de cotización a la seguridad social establecidos en el marco de esta emergencia.
