El Gobierno del Cambio reiteró su compromiso con la transparencia y la defensa de la democracia, tras las denuncias sobre presuntas presiones a contratistas del Estado para influir en el voto de cara a las elecciones presidenciales.
En este contexto, Colombia Compra Eficiente anunció medidas inmediatas para garantizar que la contratación pública no sea utilizada con fines políticos.
La Agencia Nacional de Contratación Pública rechazó de manera contundente cualquier intento de instrumentalizar los contratos estatales como mecanismo de coerción electoral.
Desde la entidad se activaron protocolos de vigilancia y análisis jurídico para atender las alertas que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, en especial aquellas relacionadas con alcaldías de la Costa Caribe.
El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, advirtió que el Gobierno no tolerará prácticas que atenten contra la libertad del voto.
“Hemos conocido casos en los que, a través de canales internos, se estaría difundiendo propaganda electoral y presionando a contratistas como condición para la continuidad de sus contratos”, señaló, al tiempo que reiteró la postura de cero tolerancia frente a estas conductas.
Como parte de la respuesta institucional, se dispuso de un equipo jurídico especializado que trabajará de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para identificar responsables y adelantar las acciones legales correspondientes.
Esta coordinación busca garantizar investigaciones rápidas y efectivas frente a posibles delitos electorales.
El Gobierno del Cambio también hizo un llamado a la ciudadanía y a los contratistas del Estado para que denuncien cualquier irregularidad.
La administración insiste en que ningún ciudadano está obligado a apoyar a un candidato por presiones laborales, subrayando que el constreñimiento al votante constituye un delito penal sancionado con prisión.
Con estas acciones, el Ejecutivo reafirmó su compromiso por blindar los procesos democráticos y asegurar que la contratación pública se maneje bajo principios de legalidad y equidad.
La vigilancia reforzada responde a la prioridad del Gobierno de garantizar elecciones libres y transparentes, en línea con su compromiso de transformación institucional y lucha contra la corrupción.
