La administración del presidente Abelardo de la Espriella determinó la anulación del proceso licitatorio destinado al cable de fibra óptica en Putumayo, una iniciativa fundamental para conectar digitalmente al departamento del Amazonas y al sur del territorio nacional. Esta medida se adoptó luego de registrarse un aumento del 67% en los costos proyectados, los cuales escalaron desde los 683 mil millones hasta 1,14 billones de pesos en el transcurso de un año.
La controversia también gira en torno al aval que la administración de Gustavo Petro otorgó mediante vigencias futuras escasos tres días antes de concluir su periodo presidencial, comprometiendo así el presupuesto de la actual gestión. Con la cancelación definitiva de este concurso público, dichos fondos no se llevarán a cabo bajo el esquema previsto.
Frente a este escenario, las críticas no se hicieron esperar por parte de sectores opositores, quienes consideran que la decisión representa un retroceso para los planes de conectividad impulsados por el anterior Ejecutivo. Al respecto, la senadora María Fernanda Carrascal manifestó su inconformidad al señalar que la desconexión tecnológica en el Putumayo representa una condena al olvido institucional. Ahora, el nuevo equipo de gobierno tendrá el reto de replantear las estrategias para garantizar la integración digital en el Amazonas y el Putumayo, zonas que históricamente han padecido barreras geográficas, ausencia del Estado y la influencia de organizaciones armadas al margen de la ley.
