Ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fueron denunciados Leonardo de Jesús Gallego, así como los congresistas Alirio Uribe, Wilmer Ramiro y Gloria Arizabaleta, quienes conforman la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Los representantes son los encargados de investigar las supuestas irregularidades que se presentaron en la campaña del presidente Gustavo Petro.
En la denuncia, de 78 páginas, el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, quien interpuso la acción legal, indica que los representantes que conforman la Comisión de Acusación han llevado el caso como un tema penal, pero se debería llevar como un juicio político por “indignidad”.
“Comparezco nuevamente ante su estrado, con el fin de poner en su conocimiento, nuevos hechos que desbordan la realidad legal y constitucional y por lo cual vengo solicitando la investigación correspondiente, de las conductas posiblemente infractoras del ordenamiento penal, contra los representantes a la Cámara”, se lee en la denuncia.
Y agrega: “Sobre la violación de topes electorales consideramos que están las pruebas recaudadas, lo que es muy diferente a seguir investigando sobre la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que es de carácter penal y que no hace parte de nuestra denuncia”.
Entre los argumentos del abogado, se menciona las competencias que otorgó el Consejo de Estado al Consejo Nacional Electoral para investigar la financiación de la campaña de 2022. No obstante, resaltó que la Comisión de Acusación es la única que tiene la facultad para destituir al presidente Gustavo Petro.
“Nuestra denuncia en forma clara fue por violación a la Constitución, artículo 109, que establece que, si se comprueban la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, será sancionada con la perdida de investidura o del cargo. No estamos denunciando hechos de índole penal al señor Presidente Gustavo Petro”, precisa la denuncia.
José Manuel Abuchaibe Escolar, insiste que la sentencia de la Corte Constitucional determina que sí se violaron los topes de campaña, pero resaltando que el jefe de Estado incurrió en “indignidad por mala conducta”.
