ICBF rechaza la utilización de menores de edad en actos violentos y anuncia acompañamiento al proceso judicial del niño que atentó contra Miguel Uribe

El Bienestar Familiar rechazó de manera categórica el uso, utilización, reclutamiento y manipulación de niñas, niños y adolescentes en la comisión de actos violentos como el ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, en el que resultó gravemente herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

«La participación de la niñez y adolescencia en hechos violentos es una grave vulneración a sus derechos humanos. Por eso, deben ser protegidas y protegidos contra toda forma de vulnerabilidad en todos los escenarios donde se desenvuelve su vida, para garantizar que se desarrollen de manera integral y prevenir que ellas y ellos incurran en conductas contrarias a la ley, la convivencia y la paz», indicó en un comunicado el ICBF.

Ante la presunta participación de un adolescente en estos hechos, el Bienestar Familiar recuerda que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los menores de edad son sujetos plenos de derechos y gozan de protección especial y reforzada por parte del Estado, la sociedad y la familia.

En este sentido el Bienestar Familiar exhorta a los medios de comunicación, a quienes difunden contenido a través de redes sociales y plataformas digitales, y a la sociedad en general, abstenerse de revelar cualquier dato que permita la identificación del adolescente involucrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe expresamente divulgar su nombre, imagen, filiación, domicilio o cualquier otra información que atente contra su intimidad, dignidad y seguridad.

El Bienestar Familiar ha activado las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y acompaña el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del adolescente conforme a los protocolos establecidos.

Así mismo, la entidad hizo un llamado urgente a todas las instituciones del Estado a reforzar las acciones de prevención frente al uso, utilización e instrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales o de violencia política, hecho que constituye una vulneración grave y pluriofensiva de sus derechos fundamentales.