El fantasma de un cese de actividades escolares recorre el departamento de Córdoba. La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) encendió las alarmas al advertir que contempla la convocatoria a un paro departamental en rechazo rotundo al proceso de asignación de docentes a distintas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), una medida ejecutada por la Fiduprevisora bajo el nuevo esquema de atención del magisterio.
El anuncio, liderado por Jorge Bruno Barrios, presidente del sindicato, pone el foco sobre lo que consideran una violación directa a las reglas del juego. Según las directivas, la entidad está pasando por alto el principio de libre elección del prestador, un derecho blindado explícitamente en el Acuerdo 03 de 2024 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Más allá del debate normativo, la preocupación de los educadores toca la fibra de lo vital, pues se enfatiza que este reordenamiento unilateral pone en jaque la continuidad de tratamientos médicos en curso, obligando a pacientes crónicos o en seguimientos delicados a cambiar intempestivamente de médicos y centros asistenciales. Esta tensión no es un hecho aislado, sino el resultado de las fricciones causadas por la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, mediante el cual la Fiduprevisora reorganiza la atención de los afiliados a través de contratos específicos con diversas IPS en el departamento, una transición que ha estado lejos de ser pacífica.
Por el momento, las aulas de Córdoba siguen abiertas. Ademacor ha dejado claro que la carta del paro está sobre la mesa y ha llamado a todo el magisterio a mantenerse en estado de alerta permanente, pero la ejecución de la huelga dependerá de la respuesta institucional. La pelota está ahora en la cancha de la Fiduprevisora, de quien el gremio docente espera un pronunciamiento oficial inmediato que desactive esta inminente crisis educativa y sanitaria.
