En desarrollo se encuentra la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a las presuntas fallas institucionales y médicas que rodearon el fallecimiento del menor Kevin Acosta, un paciente diagnosticado con hemofilia.
La diligencia judicial busca esclarecer las responsabilidades penales frente a la aparente negligencia en el suministro oportuno de medicamentos y en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS.
Entre los procesados figuran Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la entidad prestadora de salud; el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas; y las funcionarias administrativas Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias.
El caso ha generado atención nacional al poner bajo la lupa judicial las barreras administrativas y la omisión de protocolos médicos que, según las indagaciones preliminares, habrían desencadenado el fatal desenlace del menor.
