La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitió un duro pronunciamiento tras el anuncio del Gobierno Nacional de fijar por decreto el salario mínimo para 2026 en 2 millones de pesos. Según el gremio, esta decisión, tomada de manera unilateral y sin el consenso de la Comisión de Concertación, genera una serie de amenazas críticas para la estabilidad económica del país, afectando principalmente la inflación, el mercado laboral y las ya debilitadas finanzas públicas.
Para la ANDI, el incremento del 23,7% ignora el principio de diálogo tripartito consagrado en la Constitución, el cual exige una discusión técnica entre trabajadores, empleadores y Estado. El gremio denunció que el Gobierno abandonó la mesa de negociación una vez finalizada la etapa inicial de posturas, optando por modificar de forma «inconsulta y sorpresiva» la metodología de remuneración bajo el concepto de un «ingreso mínimo vital». Esta falta de participación, aseguran, ha sido una constante en los intentos de reformas laboral y pensional tramitadas durante este mandato.
El sector empresarial enfatizó que la inflación será la variable que más castigue a los ciudadanos más vulnerables como consecuencia de este ajuste. Advirtieron que un aumento de esta magnitud presiona al alza los precios de múltiples bienes y servicios, anulando rápidamente el poder adquisitivo que se pretende otorgar. Además, señalaron que en un contexto de “emergencia económica”, la medida impacta gravemente al Estado, estimando que cada 1% de incremento salarial le cuesta al tesoro público cerca de $400.000 millones de pesos adicionales en gasto de funcionamiento.
Finalmente, la Asociación reiteró que el equilibrio económico depende de proteger simultáneamente el ingreso de las familias, la formalidad laboral y la competitividad del país. Al romper el diálogo social y desatender las alertas sobre la sostenibilidad de las empresas, la ANDI considera que el Gobierno ha puesto en marcha un modelo de remuneración que no es fruto de una conversación democrática, lo que pone en entredicho la capacidad del país para generar nuevos empleos y mantener la estabilidad financiera a mediano plazo.
