Un alarmante informe de seguridad enviado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) a la Cámara de Representantes destapó un esquema de extorsión y presiones criminales ejecutado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo contra la infraestructura estratégica del departamento. De acuerdo con el documento, las estructuras armadas exigieron un pago inicial de $5.000 millones y cuotas periódicas de $500 millones de pesos mensuales para garantizar la continuidad operativa de la central hidroeléctrica Hidroituango, extendiendo además las intimidaciones hacia el Metro de Medellín y la propia Alcaldía de la capital antioqueña.
El expediente detalló acciones de sabotaje en el área de influencia del proyecto energético, incluyendo la instalación de cilindros bomba en las vías de acceso que causaron la muerte de un sargento del Ejército, atentados con explosivos contra tres torres de energía en Medellín y Bello, e incursiones no autorizadas mediante sobrevuelos de drones sobre la presa. Frente a la gravedad de los hallazgos, congresistas y autoridades departamentales solicitaron al Gobierno nacional el despliegue inmediato de la Fuerza Pública para retomar el control territorial de las zonas rurales y proteger los activos estratégicos de la región.
