Frente a las recientes críticas por su presupuesto y sus gastos administrativos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado para defender la transparencia de su gestión y responder a los cuestionamientos que han circulado en los últimos días. La entidad subrayó que sus actuaciones han sido revisadas en siete ocasiones por la Contraloría General de la República y han recibido 14 informes de la Procuraduría General de la Nación, procesos en los cuales no se han encontrado hallazgos de corrupción ni irregularidades.
Sobre la polémica en torno a los viajes de los magistrados, el tribunal aclaró que no se trata de desplazamientos de placer, sino de invitaciones oficiales para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre el modelo de justicia transicional restaurativa. La JEP recordó que el Acuerdo Final de Paz fue depositado ante el Consejo Federal Suizo y reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que obliga a la institución a mantener informados a los organismos internacionales de derechos humanos y derecho penal sobre sus avances.
Respecto al edificio donde opera su sede central, la JEP explicó que continúa bajo la modalidad de arrendamiento debido a que las solicitudes formales enviadas a los ministerios de Hacienda durante las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro para adquirir el inmueble no obtuvieron respuesta positiva. Asimismo, la entidad desmintió que el costo de la edificación sea de 20.975 millones de pesos, aclarando que dicha cifra correspondía únicamente al avalúo catastral del año 2020 y que el valor comercial proyectado para 2026 asciende a unos 288.538 millones de pesos.
