El Juzgado 40 Administrativo de Bogotá ha dado un paso firme en el conflicto jurídico entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, al abrir formalmente un incidente de desacato contra el alto funcionario.
La decisión judicial se fundamenta en el presunto incumplimiento de un fallo de tutela proferido el pasado 23 de febrero, el cual ordenaba a Benedetti rectificar de manera clara y precisa una serie de graves descalificativos publicados en su cuenta de la red social X. En dichos mensajes, el actual ministro tildó a Henao de «bandido», «cómplice» y «lavaperros», además de vincularlo con supuestos incrementos patrimoniales ilegales y recibimiento de comisiones irregulares en México.
Tras analizar las actuaciones del jefe de la cartera política, la jueza Teresa de Jesús Montaña González concluyó que la publicación realizada por Benedetti tras el primer fallo no cumplió con el estándar de una rectificación real. Según el despacho, el ministro se limitó a reproducir textualmente el numeral resolutivo de la sentencia, pero omitió un elemento jurídico esencial: el reconocimiento expreso de que sus afirmaciones previas carecían de veracidad o eran erradas. Para la justicia, el deber de rectificar implica una aceptación de la falsedad de los señalamientos, algo que el funcionario habría eludido deliberadamente al realizar una publicación meramente formalista que no restauraba de fondo el buen nombre y la honra del afectado.
Ante este panorama, el juzgado ha otorgado un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas para que el ministro coordine y ejecute todas las acciones necesarias que den cumplimiento integral al fallo de tutela. La providencia advierte con severidad que, de persistir la renuencia o de no recibir una respuesta satisfactoria en el tiempo concedido, se procederá a imponer las sanciones legales correspondientes contempladas en el Decreto 2591 de 1991, las cuales podrían incluir multas o incluso arresto. El incidente de desacato busca garantizar que las órdenes judiciales que amparan derechos fundamentales no sean ignoradas por los servidores públicos, independientemente de su jerarquía dentro del Estado. Dame un título contundente
