Un nuevo fallo judicial ratifica el control sobre una de las figuras clave del mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno. El Juzgado 48 de Control de Garantías dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova, por su presunta participación en el millonario desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, es señalada por la Fiscalía y los testimonios de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla, de haber actuado como «mensajera» o «enlace». Su rol habría sido crucial para facilitar la entrega de al menos 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, a cambio de apoyo para la aprobación de reformas clave del Ejecutivo en el Congreso.
Desde que se dictó la medida inicial en diciembre de 2024, la exfuncionaria permanece detenida inicialmente en una guarnición militar por razones de seguridad como la primera mujer judicializada en este entramado que también tiene en juicio a altos excongresistas. Pese a la apelación de su defensa, el juzgado determinó que existen suficientes elementos probatorios que soportan la necesidad de la detención preventiva en establecimiento carcelario.
El escándalo de la UNGRD salió a la luz pública por las irregularidades en la compra de carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira y ha revelado un presunto esquema de sobornos a congresistas con recursos públicos. La decisión de mantener a Ortiz en prisión subraya la seriedad con la que la justicia aborda este caso de corrupción.
