Un incidente de desacato judicial escaló a una sanción severa contra el alto gobierno en el caso de la región de La Mojana. El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería ha ordenado cinco días de arresto y una multa de más de $7 millones de pesos (cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes) contra Irene Vélez Torres, en su rol de ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La drástica medida surge por el incumplimiento de una orden de tutela que exigía al Ministerio entregar información pública sobre los convenios firmados con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) relativos a proyectos en la región de La Mojana.
El abogado que promovió el desacato, Manuel Navarro Manchego, representante de las comunidades afectadas por las inundaciones, calificó la decisión como una «victoria jurídica de las comunidades».
«Pedimos datos públicos… porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se invierten los recursos. Si todo se ha hecho correctamente, no debería haber ningún problema en mostrarlos», señaló Navarro, destacando que el fallo es un precedente contundente a favor de la transparencia estatal.
La jueza Coly Cecilia Guzmán Ramos aclaró que la sanción se hará efectiva una vez sea ratificada por el Tribunal Superior de Montería. No obstante, el arresto y la multa serán levantados inmediatamente si el Ministerio entrega la documentación exigida por el fallo anterior.
