Un juez de control de garantías de Barranquilla rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de enviar a prisión a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento del Atlántico.
Tras analizar los argumentos de las partes, el despacho judicial determinó que Petro Burgos no representa un peligro para la sociedad, coincidiendo con la postura que la Procuraduría General había expresado días atrás. Según el togado, no se cumplen los requisitos de necesidad para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario en este expediente específico.
Esta investigación, que corre de forma paralela a la de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se centra en hechos ocurridos en 2021. La Fiscalía sostiene que, en su calidad de diputado, Nicolás Petro habría articulado un entramado con su expareja, Day Vásquez, para direccionar contratos de la Gobernación del Atlántico. A través de la Fundación Consciencia Social, se habrían beneficiado a terceros mediante acuerdos presuntamente amañados.
Por estos hechos, la justicia le imputó los delitos de: Interés indebido en la celebración de contratos.
Falsedad en documento público.
Tráfico de influencias.
Peculado por apropiación.
A pesar de que el proceso penal continúa su curso y el hijo del mandatario sigue vinculado formalmente a la investigación, esta decisión le permite defenderse en libertad. El caso marca un hito histórico al ser la primera vez que el hijo de un presidente en ejercicio enfrenta múltiples acusaciones penales de forma simultánea en Colombia.
