El presidente Gustavo Petro, durante un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional hacia el pueblo U’wa en Cubará, Boyacá, lanzó una dura crítica contra un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con los bienes baldíos en el país. El mandatario denunció que esta decisión judicial arrebata facultades administrativas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para sanear y entregar predios a campesinos, indígenas y afrodescendientes, trasladando dicha competencia exclusivamente al poder judicial. Según Petro, esto representa un retroceso histórico comparable a la Constitución de 1886, pues considera que la vía judicial ha demostrado ser ineficaz para resolver los conflictos de tierras en Colombia, favoreciendo históricamente a los despojadores y al narcotráfico.
En su intervención, el jefe de Estado argumentó que la sentencia de la Corte Suprema desacata directamente compromisos internacionales, específicamente lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los acuerdos de Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado. Petro vinculó esta decisión con otras medidas judiciales recientes, como el freno a aspectos de la reforma pensional en el Consejo de Estado, calificando estas acciones como un «raponazo» contra los derechos de los trabajadores y la reforma agraria. Bajo esta premisa, afirmó que una parte del Estado está traicionando sus obligaciones constitucionales y los compromisos de paz que exigen la titulación de millones de hectáreas.
Ante este panorama de bloqueo institucional, el presidente convocó formalmente a lo que denominó un «momento constituyente». Hizo un llamado a la movilización masiva y a la unidad de las organizaciones sociales para defender el derecho a la tierra y asegurar que el próximo gobierno sea uno que represente los intereses populares y no los de los sectores latifundistas. Petro instó a los abogados de derechos humanos a emprender acciones legales inmediatas y conminó a la sociedad civil a organizarse en una gran asamblea nacional para presionar por el cumplimiento de la reforma agraria y la protección de los territorios étnicos frente a los fallos judiciales que, a su juicio, pretenden perpetuar la desigualdad rural.
