Más de dos mil habitantes de Isla Fuerte, corregimiento insular perteneciente a Cartagena (Bolívar), completan ocho días sumidos en la penumbra y la incertidumbre. La interrupción del servicio de energía eléctrica, que se registra desde el pasado 29 de octubre, ha paralizado la rutina diaria de la comunidad y puesto en jaque la economía de este territorio caribeño.
El origen de la parálisis responde a un nudo tramitológico de carácter estatal. Según denunció la Inspección de Policía Rural de la isla a través de una comunicación remitida al diario El Universal y dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, la empresa proveedora Electropacífico suspendió la operación al no contar con acceso a los subsidios gubernamentales. Esta traba administrativa obedece a que el registro y código de prestación del servicio continúan a nombre del operador anterior, Soling del Sinú, firma que ya fue liquidada pero cuya transferencia no ha sido completada formalmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Ante la falta de luz, la población ha tenido que recurrir a medidas de emergencia para sostener sus necesidades básicas. Mientras algunas familias optaron por comprar generadores propios, otras se ven obligadas a pagar hasta 8.000 pesos diarios a vecinos con planta eléctrica para obtener apenas unas cuantas horas de corriente, una carga económica que llega a superar los 240.000 pesos al mes por hogar. Frente a este panorama, las autoridades locales instaron al Gobierno Nacional a desempantanar los trámites ante la Superservicios, al tiempo que solicitaron una visita de la Presidencia de la República y un refuerzo en el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena.
