El proyecto del Escudo Nacional Antidrones, planteado durante el gobierno de Gustavo Petro con una inversión estimada de más de $6,3 billones para frenar los ataques de grupos armados con drones cargados de explosivos, quedó en el centro de un debate político y técnico tras no concretarse su compra.
Según los reportes presentados, Angélica Verbel López, entonces viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, encabezó un equipo técnico que recomendó no avanzar con la adquisición ante la poca confiabilidad de las ofertas externas y los resultados de las evaluaciones realizadas.
Quienes respaldaron su postura señalan que priorizó evitar un gasto sin sustento técnico suficiente y posibles consecuencias fiscales, mientras que el exministro Pedro Arnulfo Sánchez defendió que no se firmó contrato porque los comités técnicos concluyeron que ninguna propuesta cumplía con todos los requerimientos operacionales necesarios para proteger a la fuerza pública.
Las dudas sobre el funcionamiento de estos equipos también se reflejaron en los antecedentes y en las revisiones de los organismos de control. De acuerdo con los informes citados, los pocos sistemas antidrones adquiridos en la administración anterior presentaron fallas en pruebas de campo militares —como problemas de identificación de amenazas, georreferenciación e inhibición—, además de un rango de detección limitado a entre 300 y 430 metros, muy por debajo del mínimo de dos kilómetros fijado por protocolos internacionales, lo que llevó a calificarlos como un riesgo operacional crítico.
A la par de la falta de adjudicación, el proceso previo de búsqueda tecnológica generó cuestionamientos por los desplazamientos al exterior. El actual ministro de Defensa, general (r.) Jorge Mora, señaló ante el Congreso que, tras revisar 22 empresas internacionales, no existía contrato adjudicado ni presupuesto garantizado para los $6,2 billones anunciados, cuestionó la circular del 31 de marzo de 2026 que centralizó las compras y limitó la adquisición directa de inhibidores por parte de las unidades militares, y criticó la realización de al menos doce comisiones internacionales en tres continentes —incluidos destinos como Catar, Turquía, Estados Unidos y varios países europeos y asiáticos—, al considerar que se incurrió en gastos y viajes sin resultados concretos mientras persistían los riesgos para soldados y policías. Asimismo, el tema figura en el Libro Blanco presentado ante los órganos de control por el presidente De la Espriella como un proyecto con alertas sobre su estructuración y transparencia, y se proyecta dentro de los asuntos que Estados Unidos abordará con el mandatario.
