La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia presentar un inventario detallado, con órdenes, correos, fotografías y registros, de las piezas, textos y reproducciones retiradas de las salas del museo en Bogotá entre el 17 y el 20 de octubre. El auto, firmado el 21 de octubre por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, busca determinar cuántas fueron, quién autorizó cada movimiento, dónde se encuentran y qué riesgos corren.
La decisión se produce en el marco de la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada que la JEP avocó en marzo de 2024. Algunas de las piezas documentan búsquedas, exhumaciones y luchas de familiares de desaparecidos, por lo que su retiro genera incertidumbre sobre la preservación de elementos vinculados a violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La JEP aclara que no impone una versión de la historia y reconoce que un museo puede modificar sus montajes por razones técnicas, pero exige que, cuando involucren testimonios y objetos de víctimas, las decisiones se justifiquen con documentos y criterios verificables.
