El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad la renovación del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. La resolución introduce una modificación estructural al excluir la Reforma Rural Integral del alcance del seguimiento internacional, dejando la gestión de tierras, la formalización de predios y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) bajo el control institucional y normativo exclusivo del Estado colombiano.
Mientras que el Gobierno nacional celebra la decisión del organismo multilateral como una victoria en la defensa de la soberanía institucional y la autonomía de las políticas públicas, analistas y sectores críticos advierten sobre el riesgo de que la implementación del punto agrario pierda prioridad sin la supervisión internacional. A partir de la fecha, el acompañamiento de la ONU en el país se focalizará estrictamente en el monitoreo de la reincorporación social y económica de excombatientes y en sus garantías de seguridad física e institucional.
