Los congresistas Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, presentaron el martes 1 de septiembre la llamada «Ley Anticapuchos», una iniciativa que tiene como objetivo tipificar como delito el encubrimiento intencionado de la identidad cuando este se emplea para favorecer la perpetración de crímenes en manifestaciones o concentraciones públicas. La propuesta plantea sanciones de 54 a 96 meses de cárcel y multas que oscilan entre 50 y 200 sueldos mínimos.
El proyecto prevé castigos más estrictos si se emplean explosivos, sustancias corrosivas u otros componentes de riesgo durante estos sucesos, o si las actividades perjudican a instituciones educativas, bienes públicos o privados o centros sanitarios. Los autores de la propuesta afirman que su objetivo es salvaguardar el derecho constitucional a protestar y, al mismo tiempo, impedir que las personas que cometan actos vandálicos tengan la posibilidad de esconder su identidad para eludir responsabilidades.
