Los migrantes también son victimas del cambio climático: Defensor del Pueblo

“No hay que dudarlo; estamos hablando de una crisis humanitaria por cuenta del calentamiento global”, recalcó Carlos Camargo, durante un panel en el marco de la cumbre de Cambio Climático COP26 de Glasgow.

El cambio climático es la mayor amenaza que se cierne sobre los Derechos Humanos en los últimos años, pues vulneran, entre otros, el derecho a la salud, a gozar de un ambiente sano, a la seguridad y a la prevención de desastres.

Así lo aseguró este miércoles el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el panel ‘Biodiversidad, Cambio Climático y Migración Humana.’ realizado dentro de la la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se lleva a cabo en Glasgow (Escocia) y en el cual participó de manera virtual.

En su intervención, resaltó que, según las estimaciones de la ONU, la mitad de los daños económicos y humanos causados por desastres naturales en los últimos 50 años están relacionados con el agua y con el clima, que han ocasionado 1,3 millones de muertes con pérdidas económicas multimillonarias.

“Sólo en Colombia –apuntó Carlos Camargo–, en el primer trimestre del 2021 se reportaron 146 deslizamientos, 45 inundaciones, 34 vendavales, 32 crecientes súbitas y 24 temporales, afectando 176 municipios y 23 departamentos del país, así como, al menos a 5.854 familias”.

El Defensor acotó que estas afectaciones, producto de los impactos del calentamiento global, se registran principalmente en las personas y comunidades más vulnerables por su situación geográfica, económica, de género, edad, discapacidad, origen cultural o étnico, y que, paradójicamente, son quienes menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero.

Subrayó que los efectos del cambio climático pueden impedir, a corto y largo plazo, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por diferentes factores, incluida la pérdida de los bienes y posesiones de los afectados por desastres naturales, situación que incrementa los niveles de pobreza.

En este sentido, Camargo aseguró que, en los últimos años, se ha identificado que el impacto más grave que produce el cambio climático sobre las personas está asociado al fenómeno de las migraciones obligatorias o desplazamiento forzado, pues los afectados buscan satisfacer y asegurar las necesidades básicas, la calidad de vida y el disfrute pleno de los derechos humanos, como ocurrió en 2018 y 2019, cuando hubo desplazamientos masivos causados por imponderables climáticos y por las condiciones meteorológicas extremas en muchas partes del mundo, entre ellas, Mozambique, Filipinas, China, la India y Estados Unidos.

“Por esto, los países deben ver a los migrantes como víctimas del cambio climático, no como un problema indeseado para las naciones. Las alteraciones del clima llevan a desastres naturales que obligan a millones de ciudadanos en el mundo a buscar otras tierras, otras oportunidades; no solo son los conflictos armados lo que originan esos desplazamientos forzados. No los veamos como algo desligado del cambio climático”, dijo el Defensor del Pueblo.

Para el caso de Colombia, señaló, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado que la crisis migratoria que se vive en el Urabá, donde migrantes haitianos, cubanos, venezolanos, africanos y asiáticos, intentan llegar a Panamá, son retenidos por problemáticas de orden público y por fenómenos climatológicos extremos como tormentas e inundaciones, que impiden que continúen su recorrido y quedan represados en condiciones que vulneran y no permiten el goce de Derechos Humanos y amenazan los derechos de las comunidades residentes.

“No hay que dudarlo; estamos hablando de una crisis humanitaria por cuenta del calentamiento global”, recalcó Camargo.

Finalmente, el Defensor aseguró que para las instituciones nacionales de derechos humanos es de vital importancia que se avance en el diseño de mecanismos financieros tanto a nivel global como local que permitan la consecución de recursos para atender los daños y afectaciones a los derechos de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, en defensa de las generaciones actuales y futuras.