La dolorosa realidad de la violencia criminal en la región de Córdoba volvió a estremecer los estrados judiciales durante una reciente audiencia de formulación de imputación de cargos. En medio de la diligencia virtual, donde se procesaba a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés por su presunta vinculación en el atroz crimen del ganadero sucreño Esteban Rafael Urueta González y sus dos trabajadores —Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola—, la tensión emocional se desbordó cuando la madre de Urueta González irrumpió con gritos de indignación, clamando justicia y llamando «malditos asesinos» a los imputados tras escuchar el crudo relato de los vejámenes a los que fueron sometidas las víctimas.
Este estremecedor episodio judicial se enmarca en los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2024 en el corregimiento Carolina, del municipio de Chimá, un caso que conmocionó al departamento. De acuerdo con la sustentación de la Fiscalía, los hoy procesados planearon meticulosamente una emboscada, atrayendo bajo engaños a los hombres hacia el camellón de la finca Casa Grande para segarles la vida mediante torturas extremas, disparos a quemarropa, golpes contundentes y, posteriormente, incinerar los cuerpos con el fin de ocultar las evidencias y desviar la investigación.
La intervención de la madre del ganadero, marcada por el llanto y la impotencia ante la crudeza de los detalles expuestos por el ente acusador, obligó al juez a hacer un llamado de atención para mantener el orden en la sala virtual, advirtiendo sobre las reglas de conducta en el proceso. A pesar de los intentos de la defensa por desvirtuar la legalidad de la nueva calificación jurídica, el juez promiscuo municipal de Chimá dejó en firme la imputación por los delitos de desaparición forzada y tortura —ambos considerados de lesa humanidad—, consolidando un nuevo capítulo judicial en la búsqueda de justicia para las familias afectadas.
