La tensión política e ideológica en torno a la memoria histórica de Colombia sumó un nuevo capítulo tras las determinaciones del Gobierno Nacional. El debate se avivó luego de que, en el marco de lo que denominó una «contrarrevolución cultural», el presidente Abelardo de La Espriella instruyera a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para retirar de los espacios públicos del Gobierno cualquier imagen o manifestación en honor a Carlos Pizarro Leongómez y demás exintegrantes de la guerrilla del M-19.
Bajo la premisa de que «aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara», la medida oficial llegó apenas dos semanas después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la resolución que declaraba el sombrero del asesinado candidato presidencial como patrimonio cultural de la nación.
Ante esta ofensiva gubernamental la senadora María José Pizarro reaccionó de manera contundente en sus redes sociales, denunciando la postura oficial como un intento ruin por proscribir la figura y la apuesta de paz de su padre. La congresista asimiló la estrategia del Ejecutivo con las prácticas del fascismo paramilitar, advirtiendo que sus detractores buscan consumar un nuevo asesinato simbólico contra quien decidió dejar las armas para ofrecer una alternativa de reconciliación a Colombia.
Al señalar que el anuncio se produjo estratégicamente durante las marchas populares por el temor que despierta un pueblo consciente en las calles, la legisladora enfatizó que la memoria de Pizarro resulta inalcanzable para la proscripción: “Tan equivocado y tan ruin como quienes lo asesinaron, no sabe que nunca podrán matarlo y que, 36 años después, mi padre está más vivo que nunca, y que su intento de proscribirlo solo lo hará más grande”.
Con esta declaración, la senadora ratificó su postura de responder a la muerte con vida y a la guerra con paz, asumiéndose como la semilla viva de un legado que defiende con orgullo.
